viernes, 22 de julio de 2016

El bollo al hoyo o el misterio de las 30.000 'necropensiones'

Todavía no me he repuesto de la noticia. Aparece clasificada en la sección de economía de la mayoría de los diarios, aunque podría asignarse perfectamente a la de obituarios y esquelas. La cosa va de muertos… muertos que están muy vivos. En concreto pensionistas difuntos, así que más bien son sus herederos los que están muy vivos. Ven que la Seguridad Social sigue ingresado en la cartilla de ahorros del abuelo religiosamente su pensión a pesar de que el pobre ya está criando malvas y no dicen nada. Se callan como muertos, valga la expresión poco afortunada. Imagino que debe ser así por lo que denuncia el Tribunal de Cuentas, que ha detectado que casi 30.000 personas fallecidas siguieron cobrando su pensión en 2014. Es decir, unos 300 millones de euros de las arcas públicas fueron a parar a contribuyentes que ya no están en este mundo. 

La Seguridad Social se defiende y niega la mayor. En realidad -dice- todo es fruto de un error en los DNI de los que se han ido al otro barrio e incluso puede que a la hora de registrar datos haya duplicidad de números de carné de identidad. Me suena un pelín forzada la justificación. Lo cierto es que el control de fallecimiento de pensionistas sigue efectuándose de forma manual. Parece mentira que en el siglo XXI, con prácticamente toda la administración informatizada, no se puedan hacer por sistema cruces automáticos de datos para evitar este tipo de situaciones. Habiendo vivido una pérdida hace ya diez años y conociendo la cantidad de trámites y papeleo que hay que realizar para comunicar a todo Cristo el fallecimiento, desde el médico que certifica el óbito, los bancos donde tenía el finado sus cuentas o la funeraria que contacta con el cementerio municipal para darle sepultura, hasta la notaría que custodia el testamento, los registros que hay que visitar o los distintos organismos oficiales por los que hay que ir peregrinando y soltando la pasta, me extraña mucho que el Estado no pueda controlar exactamente cuántos pensionistas se le van muriendo. Me pregunto si, de haber sido mi padre el que siguiera recibiendo su triste pensión una vez muerto, sus familiares habríamos alertado al organismo público del error. Creo que sí, aunque nunca se sabe. Hace poco cenamos en un Vips y al día siguiente nos dimos cuenta de que la factura había sido muy barata porque se habían olvidado de cobrarnos las bebidas. Podíamos haber vuelto al restaurante para avisarles y saldar la deuda, pero pensamos que a toro pasado no tenía mucho sentido, así que no lo hemos hecho -espero que mi ya maltrecha reputación no se resienta por este episodio-. Y cuando escucho anécdotas de gente que encuentra un maletín con dinero y lo entrega en la policía para que localicen a su legítimo dueño, manifiesto mi admiración porque todavía queda gente buena y me planteo si yo habría actuado igual. Probablemente… Vaya usted a saber.

Al margen de dilemas morales, lo peor de esta historia es la disparidad de criterios entre el acusador -Tribunal de Cuentas- y el acusado -Seguridad Social-. Sospecho que, de tener razón el primero, esos 300 millones de euros que tan bien le vendrían a la hucha de las pensiones, no habrá quien los recupere y terminarán definitivamente volatilizados, convertidos en fuegos fatuos. Y si resulta que el Tribunal de Cuentas es un alarmista que ha errado en su denuncia, veo más que complicado que la Seguridad Social destine personal a controlar verdaderamente que el bollo vaya al vivo y no al hoyo. Es lo de siempre. Nunca hay suficientes medios para que todo funcione bien. 

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